Los desafíos del liberalismo español a comienzos del siglo XX

Los desafíos del liberalismo español a comienzos del siglo XX [*]
Javier Moreno Luzón – Universidad Complutense de Madrid

Hasta hace poco tiempo, el liberalismo español ha tenido mala fama, algo muy evidente en cuanto se refiere al periodo de la Restauración (1876-1923), regido por una monarquía constitucional. Por una parte, las fuerzas políticas liberales han sido tachadas –tanto por la crítica coetánea como por la historiografía—de oligárquicas y caciquiles, es decir, de estar al servicio exclusivo de las clases dominantes y de ser profundamente corruptas, lo cual impedía que adoptaran cualquier iniciativa de auténtica reforma. Por otra, se ha señalado a menudo la debilidad del liberalismo español, o incluso su inexistencia. Curiosamente, parecía no haber políticos liberales bajo un régimen liberal como el de la Restauración, y hay quien ha señalado que los únicos liberales que había entonces en España se encontraban entre los intelectuales o fuera del régimen. Se ha asumido con frecuencia que existía una frontera insalvable entre los partidos monárquicos, considerados incapaces y vacíos, y los republicanos, auténticos portadores de los valores liberales.

Nada más lejos de mi intención que poner en duda tanto el carácter caciquil o clientelar de los partidos gubernamentales de la Restauración, el conservador y el liberal, como el peso de la corrupción en el sistema político, que he estudiado con bastante detenimiento. Sin embargo, al lado de estos rasgos creo que también debe hablarse de programas y conflictos políticos relevantes, de proyectos de reforma y de algunos logros significativos del liberalismo español de la época. Además, debe subrayarse a mi juicio algo poco explorado hasta ahora: la confluencia de grupos de dentro y de fuera del sistema monárquico alrededor de esos programas reformistas.

Aquí me centraré en los años que van de 1898 a 1913, es decir, en el periodo que discurrió entre el Desastre (la derrota de España en la guerra colonial con los Estados Unidos) y la víspera de la Primera Guerra Mundial, que introdujo ya una dinámica distinta en la política española. Analizaré brevemente la confluencia de liberales monárquicos y liberales republicanos, o, más exactamente, del ala izquierda del liberalismo monárquico y el republicanismo moderado. Podría decirse que las izquierdas liberales españolas, monárquicas o republicanas, interpretaron de un modo parecido las consecuencias derivadas del Desastre y formularon respuestas comunes a los desafíos que se les planteaban. Ambos grupos compartían lecturas, unas mismas inspiraciones europeas, ámbitos de sociabilidad, medios de prensa, tribunas y hasta mítines. En estos medios tuvieron gran influencia los intelectuales liberales de la Institución Libre de Enseñanza y sus planes para lo que dio en llamarse la regeneración después del Desastre, es decir, para convertir España en un país moderno, europeo, mediante la puesta en marcha de un programa que podría calificarse de nacionalista. Los institucionistas, contra lo que se dice a menudo, no nutrieron únicamente las filas republicanas, sino que también figuraron en las monárquicas.

En esta intervención voy a intentar mostrar estos dos puntos –el impulso reformista del liberalismo español y la confluencia en él de sectores monárquicos y republicanos—en torno a cuatro grandes problemas del momento: la cuestión clerical, la educativa, la social y los conflictos nacionalistas. Todos ellos tenían en común un eje fundamental: la defensa del poder civil y el refuerzo de las capacidades del Estado para modernizar el país. Lo cual significaba dejar atrás algunos principios del liberalismo clásico –que atribuía a los poderes públicos un papel subsidiario frente a la sociedad civil y le exigía tan sólo la garantía de las libertades y derechos individuales—para adoptar un enfoque intervencionista. Terminaré explicando por qué estos programas no cuajaron del todo y por qué no llegó a formarse una gran fuerza política liberal reformista que los llevara a cabo.

En primer lugar, el conflicto político entre clericalismo y anticlericalismo. Los liberales creyeron que el atraso de España que había desembocado en el Desastre se debía, entre otras razones, al peso tremendo que tenía en el país la Iglesia católica, antiliberal y contraria al libre ejercicio de la razón individual. En estos años proliferó la literatura sobre la superioridad de los pueblos anglosajones y la inferioridad de los pueblos latinos, y se asoció esta última a un catolicismo rutinario, tradicional, reaccionario y antimoderno. Muchos liberales profesaban la religión católica, eran creyentes y practicantes, pero sus relaciones con la Iglesia no resultaban en general muy fáciles. Lo que más les indignaba era la ingerencia del clero en los asuntos públicos y sobre todo en campos que consideraban propios de la soberanía del Estado: lo que llamaban el clericalismo. La mayoría de los liberales no abogaba por la separación entre la Iglesia y el Estado, sino que pensaba más bien en el modelo regalista, que primaba la soberanía estatal sobre la independencia eclesiástica.

No hay que olvidar que la Iglesia había emprendido con ímpetu la recatolización de España y se había expandido extraordinariamente bajo la Restauración, ante la pasividad de los propios liberales y utilizando como ariete el activismo de las órdenes religiosas. El problema, desde la óptica liberal, se agravó a comienzos del siglo XX con la llegada de miles de religiosos franceses que huían de la política laicista puesta en marcha por los gobiernos radicales de la III República. En cierto modo, Francia sirvió de ejemplo para los liberales españoles. A su juicio se hacía urgente frenar esa invasión clerical e imponer el control del Estado sobre las actividades de las congregaciones católicas, que vivían en una especie de limbo legal, al margen de la legislación que regulaba a todas las demás asociaciones. Por eso la principal batalla a la que se enfrentaron los liberales fue la que se libró en torno a la aprobación de una nueva ley de asociaciones que afectase a las órdenes religiosas. La discusión de diversos proyectos desencadenó una campaña católica sin precedentes, que movilizó todas las energías disponibles, desde la presión sobre la corona hasta las manifestaciones callejeras, y logró frenar las medidas secularizadoras. Sólo consiguió abrirse paso la llamada ley del candado de 1910, que impedía temporalmente la entrada de más religiosos en España, pero no se aprobó nunca una nueva ley de asociaciones.

Hubo otras medidas efímeras, como las que facilitaban el matrimonio civil, pero fueron revocadas por los conservadores. La única reforma que sobrevivió a la ofensiva católica fue la no obligatoriedad de la enseñanza de la religión en la educación secundaria. Además, los liberales andaban divididos sobre algunos puntos esenciales de la política anticlerical, como si hacerla a través de una negociación con el Vaticano o no, y, ante todo, sobre si debía afrontarse una reforma de la Constitución para reconocer en ella la libertad religiosa. Ésta era una de las exigencias irrenunciables de los republicanos reformistas, pero resultaba inaceptable para muchos monárquicos, temerosos de perder el favor de la corona.

En segundo lugar, la educación y la ciencia. Los liberales interpretaron el Desastre en clave educativa: si España era un país atrasado lo era por haberse quedado atrás respecto a otros países que habían apostado por el progreso educativo y científico, con el consiguiente desarrollo económico y tecnológico. España, no hay que olvidarlo, tenía alrededor de un 60% de analfabetos al cambiar el siglo. Pasó algo parecido a lo que había ocurrido en Francia después de la derrota ante Prusia en 1870: para muchos opinantes, la raíz de la victoria norteamericana se hallaba en la evidente superioridad del nivel cultural estadounidense. En otras palabras, la guerra la había ganado el maestro norteamericano. Por eso se ha dicho que tras el Desastre se respiraba una atmósfera cargada de pedagogía. En este campo, el educativo, los liberales españoles tenían una gran ventaja: la existencia de una escuela de pensamiento que había traído a España lo mejor de las corrientes pedagógicas contemporáneas, la Institución Libre de Enseñanza.

Liberales monárquicos y republicanos creían que en la educación residía la salvación del país, que no podía confiarse en soluciones revolucionarias o repentinas sino en el progreso a medio plazo que sólo podía traer el fomento decidido de la enseñanza. El caciquismo que pudría el sistema político no se erradicaba con revoluciones, ni desde arriba ni desde abajo, sino con la formación de ciudadanos libres, autónomos y patriotas, que desplazaran poco a poco las costumbres caciquiles y las sustituyeran por una participación consciente en los asuntos públicos. De nada valdrían las reformas políticas o administrativas si no avanzaba el nivel educativo de los españoles. Dada la lastimosa situación existente, para lograr ese avance cultural había que impulsar con fuerza la educación pública, lo cual significaba renunciar a las viejas prevenciones liberales contra la intervención del Estado en la enseñanza. Aunque sobrevivieran ciertos tics elitistas, muchos liberales españoles abrazaron las ideas del nuevo liberalismo europeo sobre la necesidad de que, en ausencia de una fuerte sociedad civil, las autoridades públicas proveyesen de servicios educativos a la nación.

Los gobiernos monárquicos liberales, con la ayuda de los intelectuales institucionistas, obtuvieron algunos logros importantes en este campo. En cuanto a las medidas de reforma educativa, desatacan sobre todo dos. En primer término, los esfuerzos por la redención del maestro, centro de todas las reflexiones sobre el avance de la enseñanza que provenían de la Institución, con la incorporación de sus salarios a los presupuestos del Estado en 1901 y la mejora de sus condiciones laborales y de su formación. En segundo, los cambios en los planes de estudios, elevando la edad escolar obligatoria y tratando de hacerlos más comprensivos y menos memorísticos al primar el estudio de las ciencias o de saberes prácticos por encima de disciplinas clásicas como el latín. La creación masiva de escuelas tropezó con las limitaciones presupuestarias, por lo que en este campo no hubo un avance substancial. Y el refuerzo de la enseñanza pública se encontró con la oposición tajante de la Iglesia, titular de muchos centros educativos en los que se formaban las clases medias. Los clérigos denunciaban el supuesto jacobinismo de un Estado ansioso por desterrar la religión de las conciencias de los niños.

Por otro lado, el interés por la educación iba unido al compromiso con la ciencia y la investigación. Era la llamada moral de la ciencia, que implicaba una gran sintonía con las principales corrientes del saber científico europeo. Se trataba de japonizar España. De ahí la promoción de las becas en el extranjero y la creación en 1907 de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, un organismo público que, patrocinado por los institucionistas, hizo avanzar las distintas ramas científicas –desde la filología hasta la física—durante treinta años, hasta la Guerra Civil.

En tercer lugar, la necesidad de responder a la aparición de movimientos obreros marxistas y anarquistas por medio de una política social que reconciliara a las clases populares con el régimen liberal. En este terreno, liberales monárquicos y liberales republicanos bebieron de las mismas fuentes, de un nuevo liberalismo intervencionista que abogaba por la acción del Estado con vistas a garantizar no la igualdad de resultados, sino la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Lo cual significaba dejar atrás el laissez-faire individualista del liberalismo decimonónico. Así, los liberales españoles leyeron y tomaron ejemplo del nuevo liberalismo británico, del socialismo de cátedra alemán, del radicalismo francés y de tendencias similares en la Italia de comienzos del siglo XX. Algunos, sin ser revolucionarios, se llamaron a sí mismos socialistas.

Lo curioso es que, en este ámbito de la política social, los liberales hallaron un punto de encuentro con algunos sectores del conservadurismo católico y colaboraron en tareas comunes. El fruto más importante de esta colaboración fue el Instituto de Reformas Sociales, un organismo público creado en 1903 que asesoraba a los gobiernos, realizaba estudios sobre las condiciones de vida de los trabajadores y hacía propuestas sobre política y legislación social. El IRS estuvo desde el comienzo muy influido por intelectuales de los círculos institucionistas, que defendían una suerte de liberalismo armónico en el cual el capital y el trabajo debían dialogar y encontrar soluciones mutuamente beneficiosas con ayuda de las autoridades públicas.

De estas preocupaciones surgieron medidas de política social como la ley de casas baratas de 1911, el contrato de aprendizaje, diversas normas sobre jornada laboral y condiciones de trabajo, etc. También hubo legislación económica y fiscal o de otro tipo que confluía con los objetivos integradores del liberalismo y que provenía de las reivindicaciones históricas de la izquierda española, como la abolición en 1911 de los impuestos más injustos, los de consumos –que afectaban especialmente a las clases populares al gravar los bienes de primera necesidad—o la aprobación también en 1911 del servicio militar obligatorio, que acababa, aunque no por completo, con la discriminación entre pobres y ricos a la hora de cumplir con las obligaciones militares para con la patria, sobre todo en tiempo de guerra.

En cuarto lugar, el conflicto nacionalista, con especial intensidad en esta época por el nacimiento de movimientos regionalistas o nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, que ponían en duda las bases centralistas y unitarias del Estado liberal español. El Desastre se interpretó en términos fuertemente nacionalistas. Ya no era un españolismo chauvinista y bullanguero, que, muy presente durante la guerra ultramarina, había quedado desacreditado con la derrota. Ahora era un nacionalismo dolorido, preocupado por los males de la patria, por el atraso y la decadencia nacionales, y obsesionado con la regeneración de España, con poner los medios para que la nación española recuperara su puesto entre las potencias dominantes en el mundo. Por eso se articuló una nueva política exterior, en la que coincidían conservadores y liberales, para acercarse a Inglaterra y Francia y recuperar un hueco en el escenario internacional, sobre todo en el Mediterráneo occidental, lo cual condujo a la aventura imperial en Marruecos. Puede parecer contradictorio, pero las consecuencias de la debacle colonial de 1898 llevaron a otras campañas militares que desembocaron en nuevos desastres.

En ese contexto, el catalanismo y el nacionalismo vasco –aunque éste en menor medida, por su escaso alcance político—se veían, por parte de muchos españolistas, como un desafío intolerable. En general, los liberales, monárquicos y republicanos, reaccionaron frente a la crecida catalanista con mayores reticencias y de una manera más beligerante que los conservadores, que preferían la integración en el sistema de los grupos nacionalistas periféricos, con los que compartían rasgos como el amor por la tradición católica y la defensa de las autonomías regionales y locales. En este sentido, puede decirse que a comienzos del siglo XX la izquierda liberal era más españolista que el conservadurismo. De hecho, los gobiernos liberales respaldaron con frecuencia a los republicanos radicales que hicieron frente al catalanismo en Barcelona.

Desde luego, el actor más destacado en la lucha contra el catalanismo fue el ejército, al que a menudo se asocia en exclusiva con soluciones autoritarias, anticipando su actuación en las dictaduras del siglo XX. Lo cual es algo prematuro, porque los vínculos del ejército con el liberalismo eran aún bastante fuertes y había destacados generales liberales. Fue un gobierno liberal el que pactó con el ejército la ley de jurisdicciones de 1906, que cedía a la jurisdicción militar los delitos contra el ejército, tras el asalto violento por parte de oficiales de las redacciones de varios periódicos catalanistas.

Los círculos intelectuales institucionistas no veían con buenos ojos las medidas más agresivas del españolismo militante y tendían más bien a integrar el regionalismo en una concepción armónica de la nación. Pero, a la vez, en el seno de la Institución Libre de Enseñanza se desarrollaron iniciativas nacionalistas calcadas de las que ponía en marcha el catalanismo, y algunas de ellas dieron lugar a políticas culturales que sólo pueden calificarse de españolistas. Era un nacionalismo cívico y político, que ponía el énfasis en la formación de ciudadanos patriotas, pero también un nacionalismo cultural, que identificaba a España con esencias como el paisaje, la historia y la lengua castellanas.

Por ejemplo, los institucionistas fueron los iniciadores del excursionismo, que, además de probar las virtudes del contacto con la naturaleza, llevaba consigo la sacralización del paisaje castellano como encarnación del Volksgeist español. El conocimiento de las tierras de España, la valoración del arte español, de la artesanía y las tradiciones populares, fueron promovidos por la Institución, lo mismo que en Cataluña hacían los catalanistas. De ahí surgieron iniciativas públicas con múltiples repercusiones posteriores, como el fomento del turismo. Y políticas culturales y del patrimonio muy marcadas por concepciones culturalistas de la nación, como la de excavaciones arqueológicas en los lugares nacionales de la memoria, o museos temáticos que –además de custodiar los tesoros de España—establecían el canon de lo español que ha llegado hasta nuestros días. Piénsese, por ejemplo, en los dedicados a Cervantes o a El Greco, verdaderos héroes nacionales. Los liberales, con ayuda de los intelectuales institucionistas, promovieron una estrategia nacionalizadora que afectó a museos, archivos y bibliotecas como depósitos de la memoria nacional, siempre relacionados con la enseñanza.

Por otro lado, liberales monárquicos y republicanos colaboraron en la celebración de los mitos nacionalistas españoles construidos durante el siglo XIX. Sirvan de ejemplo las conmemoraciones del centenario de la Guerra de la Independencia, donde recordaron el mito del levantamiento del pueblo español, unánime, contra la invasión napoleónica en 1808; y las del centenario de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, mito fundador del liberalismo español. En ambos casos, los liberales de diversos matices se alinearon contra la versión derechista del españolismo, que concebía la identidad española como esencialmente católica. En cuanto a las relaciones con el catalanismo, hay que añadir que un sector del partido liberal se aproximó a posiciones más templadas al final del periodo que consideramos, cuando en 1912 impulsó una ley de mancomunidades que diera satisfacción a las demandas catalanistas más moderadas.

Por último, habría que preguntarse acerca de las razones por las cuales estas políticas reformistas liberales no terminaron transformando el escenario político español o, incluso, haciendo de la monarquía constitucional una monarquía parlamentaria o democrática, un objetivo en el que estaban de acuerdo los republicanos moderados con la izquierda monárquica.

Aparte de las razones estructurales –socioeconómicas—que se han señalado a menudo, y en las que en general no confío demasiado, yo diría que podrían aducirse tres motivos fundamentales. En primer lugar, las enormes resistencias que despertaron muchas de esas reformas, sobre todo las secularizadoras y educativas, en sectores muy influyentes como la Iglesia, aunque también habría que mencionar entre ellos a la corona, que apoyó algunas medidas pero no la reforma constitucional, considerada imprescindible por muchos liberales. En segundo término, las constantes divisiones internas que atenazaron a los liberales monárquicos, incapaces de resolver sus contradicciones, sobre todo en cuanto a la elección de un jefe aceptado por las diversas facciones del partido. Sin unidad no había reformas posibles a largo plazo, sino guerra de guerrillas interna e inestabilidad gubernamental. Sólo cuando hubo un líder reconocido, como José Canalejas entre 1910 y 1912, pudieron llevar a cabo una labor significativa.

Y, en tercer lugar, las dificultades para conjugar el respeto por las reglas del sistema político de la Restauración, el llamado turno pacífico entre conservadores y liberales, con la formación de una amplia coalición liberal-democrática que obtuviera la legitimidad necesaria para poder enfrentarse a los enemigos de las reformas. Por un lado, la alianza entre liberales monárquicos y liberales republicanos rompía la solidaridad de los primeros con los conservadores, porque estos últimos no aceptaban los flirteos con el republicanismo, mientras los propios republicanos tampoco estaban dispuestos a integrarse en las filas del liberalismo monárquico sin obtener antes la reforma constitucional. Por otro lado, los liberales de ambos grupos no emprendieron en serio la movilización electoral que les hubiera dado la necesaria fuerza en la opinión y en el parlamento. Hubo algunas experiencias de movilización de masas por parte de los liberales, como el intento liberal-demócrata de 1902 y, sobre todo, el llamado bloque de las izquierdas, que en 1908-1909 agrupó a monárquicos y republicanos en una amplia campaña de tono anticlerical contra los conservadores, apoyada por la gran prensa liberal y en numerosos mítines por todo el país. Pero, en general, los liberales monárquicos no abandonaron las costumbres caciquiles, su estructura clientelar y la querencia por el fraude electoral que les permitía disfrutar periódicamente del poder y alimentar a sus clientelas. Ni siquiera los republicanos moderados se alejaron de una política elitista, de notables, sólo repudiada por los radicales de algunas ciudades.

Es decir, los liberales españoles de los inicios del siglo XX comenzaron a enarbolar una retórica democrática pero seguían apegados a las prácticas corruptas y su debilidad en campo abierto les hacía depender en exceso de la corona. Cuando salían a la calle para movilizar a sus seguidores, incluso en 1913 –el momento en que estuvieron más cerca de lograr sus objetivos—, lo que hacían era amenazar o intentar convencer al rey para que les diera el poder, no abrir paso a una democracia que quizá hubiera hecho posibles sus intenciones reformistas.